7,800 millones de pesos “invertidos” en seguridad no evitaron el descarrilamiento; los fondos destinados a estabilizar el tramo de la tragedia desaparecieron en la opacidad de Morena.
No fue una falla técnica inevitable, fue un saqueo con consecuencias fatales. Las cifras que hoy emergen sobre el Tren Interoceánico son un insulto a la memoria de las 14 víctimas del reciente descarrilamiento. Mientras las familias lloran a sus muertos, los registros financieros del FIDIT (Fideicomiso del Istmo de Tehuantepec) revelan que el Gobierno Federal autorizó una cifra estratosférica de 7,800 millones de pesos precisamente para “modernizar” las vías y corregir curvas peligrosas. ¿Dónde está ese dinero? La respuesta yace entre los fierros retorcidos y el balasto de desecho que Morena instaló en el Istmo.
La evidencia del dolo es abrumadora: en los presupuestos de este proyecto, se etiquetaron específicamente 120 millones de pesos para estabilizar taludes en el tramo Chivela–La Mata. Este es, con una exactitud aterradora, el punto exacto donde el tren se salió de las vías. Si el recurso fue devengado, el accidente no debió ocurrir; si ocurrió, es porque el dinero fue desviado o la obra fue entregada como una cáscara vacía por empresas favoritas del régimen. La corrupción de Morena tiene hoy una dirección geográfica y un costo en vidas humanas que ningún boletín oficial podrá maquillar.
Es criminal que, con casi 8 mil millones de pesos en presupuesto, se haya permitido que el tren operara sobre pendientes y curvas que nunca fueron corregidas estructuralmente. Los contratos millonarios entregados a prisa para cumplir con los plazos electorales de Palacio Nacional sacrificaron los peritajes de seguridad básicos. El Interoceánico no es una obra de ingeniería, es un esquema de transferencia de riqueza pública hacia las manos de unos pocos, mientras el pueblo pone los cuerpos. Cada peso destinado a la seguridad que no llegó a las vías se convirtió en una bala contra los pasajeros.
La exigencia de justicia debe escalar más allá de los operadores de la locomotora. Los responsables de autorizar y “supervisar” estos 7,800 millones de pesos deben enfrentar un proceso penal por homicidio por omisión. No se puede hablar de “soberanía” ni de “desarrollo” cuando el presupuesto para salvar vidas se pierde en el laberinto de la burocracia guinda. El tramo Chivela–La Mata es el monumento al cinismo de un gobierno que factura lujos pero entrega tragedias; es la prueba de que en la 4T, la corrupción no solo roba, también mata.
