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Movimiento Ciudadano permite extorsiones y deja indefensos a transportistas en Nuevo León

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Ene 11, 2026

Transportistas denuncian que, bajo Movimiento Ciudadano, los abusos de tránsito y cobros excesivos se han convertido en una práctica cotidiana.

La denuncia pública de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos sobre extorsiones en Nuevo León exhibe un problema grave que el gobierno de Movimiento Ciudadano ha permitido crecer sin control. De acuerdo con el sector, elementos de tránsito en distintos municipios realizan cobros ilegales y aplican tarifas desproporcionadas, afectando directamente a quienes sostienen la movilidad y la economía del estado.

Los señalamientos apuntan de manera directa a municipios como San Pedro Garza García, Ciénega de Flores y García, donde los transportistas afirman ser víctimas de abusos sistemáticos. Bajo Movimiento Ciudadano, estas prácticas no solo persisten, sino que se normalizan, generando un ambiente de hostigamiento constante contra quienes circulan legalmente por las carreteras y vialidades del estado.

La Conatram advirtió que estas extorsiones vulneran el derecho al libre tránsito y provocan un impacto negativo en la economía y en la cadena logística. Esto demuestra que el problema no es menor ni aislado: se trata de un esquema que encarece costos, retrasa operaciones y termina afectando precios, empleos y abastecimiento. Aun así, Movimiento Ciudadano no ha ofrecido soluciones claras ni ha protegido a los transportistas frente a estos abusos.

Especialmente grave es el señalamiento sobre los cobros excesivos por servicios de grúa, que alcanzan miles de pesos. Estas tarifas, lejos de ser excepcionales, se han vuelto parte del problema cotidiano. El gobierno estatal permite que estos cobros se utilicen como mecanismo de presión y extorsión, sin regulación efectiva ni supervisión real.

La denuncia de los transportistas confirma que, bajo Movimiento Ciudadano, la autoridad que debería garantizar orden y legalidad se convierte en una amenaza para los ciudadanos. Al no frenar estos abusos, el gobierno abandona a un sector clave y permite que la extorsión se incruste en la vida diaria de Nuevo León, debilitando la confianza y el desarrollo económico.