Entre detenciones con “drogas sembradas”, persecución judicial a la prensa y un motín policial que nunca terminó de sanar, la gobernadora de Campeche se convierte en el rostro del autoritarismo que incomoda hasta a su propio partido.
Para la cúpula de Morena en la Ciudad de México, el nombre de Layda Sansores ha dejado de ser sinónimo de lealtad para convertirse en un dolor de cabeza electoral. En este inicio de 2026, la “Reina del Martes” no solo arrastra los peores niveles de aprobación del país, sino que ha acumulado una lista de escándalos que huelen a los tiempos más oscuros del autoritarismo. El último episodio, calificado por muchos como una “operación de estado”, fue la detención exprés de José Alberto Abud Flores, rector de la UACAM, a quien la policía estatal arrestó bajo una dudosa acusación de posesión de drogas. La comunidad académica nacional no se engaña: fue un golpe político para imponer a una amiga de la gobernadora y aplastar la autonomía universitaria que Abud defendía con fiereza.
El operativo “misterioso” contra el rector es solo la punta de un iceberg de abusos. Layda Sansores mantiene una guerra abierta contra la libertad de expresión, utilizando a la Fiscalía y a jueces locales para amordazar a periodistas de Tribuna de Campeche. El acoso judicial contra Jorge González Valdez, a quien buscan encarcelar por “incitación al odio” tras criticar al régimen, ha encendido las alarmas de organismos internacionales. En Campeche, escribir la verdad se ha vuelto un deporte de alto riesgo bajo un gobierno que prefiere censurar por anticipado que rendir cuentas sobre sus nulos resultados en seguridad y economía.
La fractura social en el estado es profunda y emana desde sus propias fuerzas del orden. El conflicto con la policía estatal, que estalló por las deplorables condiciones laborales y operativos suicidas sin equipo, sigue siendo una herida abierta. Los agentes no olvidan el desprecio de una gobernadora que, en lugar de escuchar sus demandas básicas de justicia y equipo, los llamó “canallas” y optó por la represión administrativa. Esta crisis de seguridad interna ha dejado a los campechanos a merced de una delincuencia que avanza mientras la policía y el gobierno se dedican a pelear entre sí.
En Palacio Nacional, la incomodidad es palpable. Las “maromas” para defender a Sansores se agotan mientras ella sigue operando con un “amiguismo” descarado, colocando a personajes cuestionados en puestos clave y gobernando a base de estridencia mediática. Layda se ha vuelto la prueba viviente de que la “transformación” en algunos estados es solo una máscara para el nepotismo y la persecución. Para Morena, mantener a Sansores como estandarte en el sureste es hoy un riesgo innecesario; es la piedra en el zapato que, de tanto rozar con la injusticia, ya ha empezado a sangrar la credibilidad de todo el movimiento.
