¿De qué sirve el estudio sin el aval legal? La gran estafa de la movilidad social en la 4T deja a miles de graduados en el limbo profesional; una negligencia administrativa que huele a fraude educativo.
La promesa estrella del sistema educativo de la 4T se ha convertido en una pesadilla de papel. Cientos de egresados de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) han levantado la voz en una protesta nacional que desnuda la ineficiencia de un modelo que presume inclusión, pero entrega abandono. Con retrasos que alcanzan los tres años, los jóvenes que confiaron su futuro a estas instituciones hoy se encuentran en un limbo profesional: terminaron sus estudios, pero para el mercado laboral y el sistema educativo superior simplemente no existen. Sin título ni cédula, la “movilidad social” prometida es una cruel broma de escritorio.
La situación es desesperante. Estos egresados —muchos de ellos los primeros en sus familias en alcanzar la educación superior— se topan con una pared de cristal al intentar ejercer sus profesiones. Sin el título profesional, se les niega el acceso a empleos dignos, no pueden colegiarse y les es imposible aplicar a posgrados o especializaciones. La negligencia administrativa de la coordinación de las UBBJ ha condenado a toda una generación a la precariedad: tienen el conocimiento, pero no el aval del Estado que los invitó a estudiar. Es el retrato de una “transformación” que supo abrir aulas, pero no sabe cerrar trámites.
Las protestas han sacado a la luz historias de frustración absoluta. Egresados que han perdido oportunidades laborales en el sector público y privado porque, tras tres años de espera, la única respuesta oficial es el silencio o “vuelva el próximo mes”. El impacto es doblemente doloroso en las zonas más marginadas, donde el título profesional era la única herramienta para romper el ciclo de pobreza. Hoy, esos jóvenes están atrapados: no pueden volver a estudiar otra carrera porque ya “egresaron”, pero no pueden trabajar como profesionales porque el gobierno les retiene su identidad académica.
La contradicción es total. Mientras el discurso oficial presume la creación de cientos de planteles, la realidad es que están graduando “profesionistas en espera”. Si un sistema educativo no es capaz de entregar un título en un tiempo razonable, no está educando, está simulando. El retraso de tres años es un insulto al esfuerzo de los estudiantes y una traición a la confianza de las familias. Las Universidades del Bienestar están en deuda con sus alumnos, y no es una deuda de palabras, es una deuda de documentos que hoy los tienen encadenados a la informalidad.
