De Michoacán y Puebla a las puertas de Palacio Nacional; los estudiantes rurales denuncian que la “transformación” les aplica el mismo garrote de siempre, ignorando acuerdos de infraestructura y encubriendo abusos policiales contra sus compañeros.
La Ciudad de México volvió a ser el escenario del desencanto y la rabia de quienes se sienten traicionados por el sistema. Normalistas rurales de Michoacán y Puebla tomaron las calles de la capital con una exigencia que debería avergonzar a cualquier gobierno que se diga progresista: el cumplimiento de acuerdos básicos de infraestructura y el cese a la persecución política. Sin embargo, el reclamo central que hoy incendia el ánimo estudiantil es la exigencia de libertad para un compañero detenido, cuya captura ha desatado una tormenta de acusaciones que tocan las fibras más sensibles de los derechos humanos.
La gravedad de las denuncias es escalofriante y pone en entredicho la ética del Gobierno Federal. Los normalistas no solo marchan por mejores aulas; marchan para denunciar que el estudiante detenido fue víctima de tortura a manos de fuerzas oficiales. Lo más indignante para los colectivos es la negativa sistemática de las autoridades para aplicar el Protocolo de Estambul, la herramienta internacional mínima para documentar casos de tortura. Esta resistencia oficial a investigar el abuso sugiere un encubrimiento que revive los peores fantasmas de la represión estatal en México.
El diálogo, bandera favorita del oficialismo, ha resultado ser un monólogo estéril para las normales rurales. Los estudiantes denuncian que los acuerdos pactados en meses anteriores se han quedado en el aire, mientras las carencias en sus escuelas se agudizan. Para los normalistas, la “transformación” ha sido una máscara; detrás de ella, aseguran, sigue operando el mismo aparato de contención que criminaliza la protesta social y utiliza el aparato de justicia como un martillo para golpear a los hijos de campesinos que se atreven a exigir dignidad.
El 2026 arranca con un normalismo en pie de lucha y un gobierno que ha decidido ignorar la herida. La negativa a aplicar protocolos internacionales contra la tortura es una bofetada a la historia de lucha de este movimiento. Mientras no se libere a los presos políticos y se garantice que ningún estudiante volverá a ser golpeado en una celda, el discurso de paz y justicia del gobierno será solo eso: palabras vacías sobre un asfalto que sigue oliendo a gas lacrimógeno y a promesas incumplidas.
