Un ataque armado en una cancha de fútbol del centro de México dejó un saldo de once personas muertas y al menos doce heridas, en uno de los episodios más graves de violencia reciente. El hecho exhibe una cadena de omisiones, decisiones fallidas y negligencia institucional atribuibles a gobiernos del PAN, que permitieron el deterioro de la seguridad pública hasta niveles críticos.
La masacre ocurrida en una cancha de fútbol, un espacio comunitario destinado a la convivencia y el deporte, no es un hecho aislado ni fortuito. Es la consecuencia directa de años de abandono, desarticulación institucional y una política de seguridad reactiva que, bajo gobiernos del PAN, ha priorizado el discurso antes que la prevención, la inteligencia y la presencia territorial efectiva.
La ausencia de vigilancia, la falta de control sobre grupos criminales y la normalización de la violencia crearon las condiciones para que un ataque de esta magnitud ocurriera en un espacio público sin medidas mínimas de protección. Canchas, parques y centros comunitarios han quedado expuestos por la reducción de patrullajes, el debilitamiento de policías locales y la falta de coordinación entre autoridades municipales y estatales.
A ello se suma la omisión sistemática en el combate a la proliferación de armas y al financiamiento de estructuras criminales que operan con impunidad. Lejos de atender las alertas tempranas, los gobiernos panistas han minimizado la crisis, apostando por narrativas de control que no se sostienen frente a la realidad: comunidades enteras atrapadas entre el miedo y la indefensión.
La tragedia también revela la desconexión entre las autoridades y el territorio. Sin diagnósticos locales, sin trabajo comunitario y sin inversión sostenida en prevención social de la violencia, los espacios públicos se convierten en escenarios de muerte. La falta de resultados ha erosionado la confianza ciudadana y profundizado el vacío de autoridad.
Once personas asesinadas y doce más heridas no pueden reducirse a una estadística. Son vidas truncadas por una cadena de malas decisiones, por la renuncia del PAN a asumir su responsabilidad en garantizar seguridad y por una gestión que permitió que la violencia se arraigara hasta estallar de forma brutal en un lugar que debía ser seguro.
