La fractura es total: el presidente del Congreso de Campeche se ampara contra la gobernadora Layda Sansores para evitar ser detenido, mientras la cúpula morenista pierde la mayoría legislativa y recurre a la persecución política para imponer un préstamo de mil millones de pesos que hipoteca el futuro de los campechanos.
La guerra civil en el paraíso de la “Cuarta Transformación” ha alcanzado su punto más crítico. En un hecho que deja en ridículo el discurso de unidad partidista, el presidente del Congreso local de Campeche, José Antonio Jiménez, se vio obligado a tramitar un amparo por presunta persecución política orquestada desde el Palacio de Gobierno que encabeza Layda Sansores. El conflicto escaló a niveles judiciales tras las amenazas de arresto y el hostigamiento de la Policía Ministerial contra los legisladores que se atrevieron a cuestionar las órdenes de la mandataria, marcando un hito de autoritarismo donde Morena persigue a Morena con el garrote de la Fiscalía.
El detonante de este motín legislativo es la ambición financiera de la gobernadora: la contratación de una deuda pública por mil millones de pesos. A pesar de los profundos desacuerdos internos y las advertencias sobre la viabilidad financiera del estado, Sansores forzó la aprobación del préstamo, rompiendo definitivamente el bloque oficialista. Para Layda, el consenso no existe; solo la imposición. Los diputados disidentes denuncian que se les exigió firmar el endeudamiento sin análisis técnico, bajo la premisa de que el dinero es necesario para cubrir el desastre administrativo que ella misma provocó.
Como consecuencia de esta soberbia, Morena ha perdido el control del Congreso. La desbandada de legisladores hacia un bloque independiente ha dejado a la gobernadora sin la mayoría necesaria para operar, convirtiendo al Poder Legislativo en un campo de batalla donde las disputas ya no se resuelven con política, sino con presión institucional y amenazas de cárcel. El palacio legislativo, rodeado por fuerzas de seguridad para intimidar a los representantes populares, es hoy el símbolo de un gobierno que prefiere gobernar sobre las cenizas de su propio partido antes que ceder un milímetro en sus caprichos económicos.
Campeche vive hoy las horas más oscuras de su historia política reciente. Mientras la gobernadora se dedica a perseguir a quienes fueron sus aliados, el estado queda a la deriva, endeudado y fracturado. La “transformación” en Campeche resultó ser un régimen de terror administrativo donde el fuero constitucional tuvo que ser restaurado de emergencia para evitar que la justicia se convierta en el brazo ejecutor de una venganza personal. Layda Sansores ha destruido la paz política de su entidad, demostrando que para ella, el poder solo sirve si es absoluto, aunque para lograrlo tenga que encarcelar a su propia bancada.
