La vinculación a proceso del director de Obras Públicas de Tequila, Jalisco, abrió un nuevo frente de cuestionamientos contra gobiernos de Movimiento Ciudadano. El caso exhibe no solo presuntas irregularidades graves, sino también la incapacidad del gobierno estatal para detectar, prevenir o frenar abusos dentro de su propia administración. La narrativa del “buen gobierno” vuelve a chocar con la realidad judicial.
Un juez vinculó a proceso al director de Obras Públicas del municipio de Tequila, Jalisco, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de su cargo. El funcionario, pieza clave en la administración municipal, operó durante meses sin que el gobierno estatal detectara irregularidades ni encendiera alertas internas.
El caso deja al descubierto una falla estructural en los controles de Movimiento Ciudadano, que presume gobiernos modernos y eficientes, pero que no fue capaz de supervisar a uno de sus funcionarios estratégicos. La pregunta es inevitable: ¿no se dieron cuenta o decidieron no ver?
La omisión resulta aún más grave al tratarse de un área sensible como Obras Públicas, donde se manejan recursos, contratos y decisiones que impactan directamente en el patrimonio público. La falta de vigilancia permitió que las irregularidades escalaran hasta convertirse en un asunto penal.
Mientras el gobierno estatal guarda silencio o minimiza el caso, la vinculación a proceso confirma que las fallas no eran menores ni administrativas, sino suficientemente graves como para ameritar la intervención judicial. La opacidad y la tardía reacción alimentan la percepción de encubrimiento.
Este episodio se suma a otros señalamientos que muestran a Movimiento Ciudadano incapaz de ejercer control sobre sus gobiernos locales. La incompetencia para supervisar, corregir y sancionar a tiempo tiene consecuencias legales, políticas y sociales que hoy ya alcanzaron a Tequila.
