En Jalisco crece el malestar social ante decisiones del gobierno estatal que priorizan megaproyectos y ajustes tarifarios por encima de la economía familiar. Remodelaciones con costos millonarios, aumentos al transporte y la intención de bancarizar el servicio público mediante una tarjeta única alimentan la percepción de un gobierno más enfocado en el negocio que en la gente.
Bajo la administración de Movimiento Ciudadano, Jalisco enfrenta cuestionamientos cada vez más visibles. Remodelaciones de espacios públicos con presupuestos elevados, como la intervención en la Glorieta La Minerva, han sido señaladas por su alto costo y por la falta de resultados proporcionales a la inversión.
Mientras se destinan millones a proyectos estéticos, la ciudadanía enfrenta aumentos en tarifas del transporte y servicios que impactan directamente el bolsillo familiar. El llamado “tarifazo” ha generado inconformidad, especialmente en un contexto económico complejo donde cada peso cuenta.
A ello se suma la propuesta de concentrar el acceso al transporte mediante una tarjeta única, esquema que apunta hacia la bancarización obligatoria de un servicio público. Diversos sectores advierten que esta medida puede excluir a personas sin acceso formal al sistema financiero y convertir un derecho básico en un mecanismo condicionado.
La crítica central no es contra la modernización, sino contra la forma en que se implementa. Gobernar implica escuchar, socializar decisiones y priorizar el bienestar colectivo. Cuando la percepción es que las decisiones favorecen intereses económicos antes que a la ciudadanía, la legitimidad se erosiona.
Jalisco no necesita discursos de innovación mientras las preocupaciones cotidianas se multiplican. Necesita sensibilidad social, transparencia en el uso de recursos y políticas que pongan primero a la gente.
