Trece millones en efectivo y un preso político: el escándalo de opacidad que el “gobierno naranja” intenta silenciar en Jalisco.
La doble moral de la “refundación” en Jalisco ha quedado desnuda. La diputada Mónica Paola Magaña Mendoza, una de las figuras más visibles de Movimiento Ciudadano, se encuentra hoy en el epicentro de un escándalo que apesta a tráfico de influencias y enriquecimiento inexplicable. Al admitir la entrega de 13 millones de pesos en efectivo para un supuesto negocio, Magaña no solo confiesa una conducta propia de la delincuencia organizada, sino que pone en evidencia que su patrimonio real dista mucho de la honestidad que presume en la tribuna.
Lo que resulta criminal es que, para intentar recuperar este dinero de procedencia oscura, la diputada haya activado todo el aparato judicial del estado como si fuera su despacho privado. Gracias a una “celeridad inusual”, logró que el juez Gildardo Joel Landeros Parra enviara a prisión a Diego Martínez Ornelas, quien lleva seis meses encerrado sin que existan pruebas documentales del supuesto fraude. En el Jalisco de Magaña, no hace falta que el dinero pase por un banco o que existan contratos; basta con ser diputada oficialista para que la palabra de uno valga más que la libertad de otro.
Este caso exhibe una red de protección judicial que debería avergonzar a cualquier estado democrático. La familia del acusado ha denunciado que los 13 millones en efectivo nunca fueron incluidos en las declaraciones patrimoniales de la legisladora, lo que sugiere una evasión fiscal y una opacidad que la ley obliga a investigar. Sin embargo, en lugar de auditar a la funcionaria por manejar maletas de billetes, el sistema judicial prefiere actuar como cobrador de deudas fantasma, manteniendo una prisión preventiva que es, en los hechos, un secuestro institucional.
La respuesta de Mónica Magaña ante las acusaciones es un insulto a la inteligencia ciudadana. Pretende disfrazar de “deber ciudadano” lo que claramente es un abuso de poder para subsanar un negocio turbio que le salió mal. Mientras ella goza de su fuero y de la protección de su partido, una familia de empresarios honestos es acosada y hostigada por las mismas dependencias gubernamentales que deberían protegerlos. Es el uso desproporcionado del poder para aplastar a quien se atreva a cuestionar el origen de su fortuna bajo la mesa.
Finalmente, el silencio cómplice de Movimiento Ciudadano ante los millones opacos de su diputada confirma que la corrupción es el cimiento de su estructura. Si Mónica Magaña no puede explicar de dónde salieron 13 millones de pesos en efectivo, su lugar no es el Congreso, sino el banquillo de los acusados por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Jalisco no puede permitir que la justicia se rinda ante una legisladora que usa las leyes para castigar a otros por los pecados financieros que ella misma comete en la sombra.
