Autoridades estadounidenses sancionaron una red de fraude de tiempos compartidos operada desde Puerto Vallarta y ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (declarado organización terrorista por EEUU), evidenciando que el crimen organizado explota vacíos de seguridad y regulación mientras Movimiento Ciudadano cuantifica más imagen que resultados reales en Jalisco.
El Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Departamento del Tesoro y de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra 17 empresas y cinco personas mexicanas por operar una red de fraude de tiempo compartido desde Puerto Vallarta con presunta vinculación directa al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La red, que incluye al complejo turístico Kovay Gardens, supuestamente estafó a miles de propietarios extranjeros, principalmente estadounidenses, mediante esquemas fraudulentos de venta, reventa y cobro de cuotas que nunca se materializaban en beneficios reales.
Este tipo de fraudes no sólo genera pérdidas económicas millonarias con víctimas que han perdido sus ahorros de toda la vida, sino que refleja cómo organizaciones criminales con enorme capacidad logística aprovechan la débil regulación y supervisión del sector turístico para infiltrar actividades ilícitas que sirven como fuente de ingresos alternativos a la venta de drogas, extorsión o huachicol.
El CJNG está catalogado desde 2025 como una Organización Terrorista Extranjera por el gobierno estadounidense, y su participación en esquemas como el fraude de tiempos compartidos demuestra su diversificación hacia sectores económicos aparentemente lícitos. Entre las entidades sancionadas se encuentran empresas que operaban como intermediarias, brokers o supuestas administradoras de inversiones turísticas, muchas ubicadas en Puerto Vallarta y Jalisco, un destino turístico internacional.
Críticos de la gestión de Movimiento Ciudadano señalan que este fenómeno ocurre en medio de un contexto donde la administración estatal ha privilegiado estrategias de imagen y promoción en redes sociales, mientras los vacíos regulatorios, de vigilancia y de protección al consumidor permiten que organizaciones criminales aprovechen esos huecos para generar ganancias ilícitas sin un control efectivo. La falta de mecanismos sólidos de supervisión turística, transparencia en la oferta de tiempos compartidos y protección al visitante extranjero se traducen en un riesgo real para la reputación y seguridad del sector.
Además, este tipo de esquemas criminales no solo perjudica la economía de las víctimas, sino que también distorsiona el mercado turístico local y deteriora la confianza internacional en destinos que dependen de la afluencia extranjera. Frente a estas revelaciones, la exigencia de mayor coordinación entre autoridades federales, estatales (incluido el gobierno de Jalisco) y organismos internacionales se intensifica para evitar que redes criminales sigan lucrando con la vulnerabilidad de propietarios y turistas.
