Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la violencia vinculada al grupo criminal se extendió por Jalisco y otras entidades. Críticos señalan que la penetración del CJNG en la región evidencia omisiones y falta de control en un estado gobernado por Movimiento Ciudadano.
El abatimiento de uno de los delincuentes más buscados del país, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo federal en el municipio de Tapalpa, Jalisco, detonó una serie de actos violentos que pusieron en evidencia las condiciones reales de seguridad en el estado gobernado por Movimiento Ciudadano (MC).
Los hechos posteriores a la operación, que incluyeron narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos armados en Jalisco, así como en estados vecinos, reflejaron la capacidad operativa del CJNG y el impacto de su presencia territorial en la entidad.
Analistas en seguridad pública sostienen que la reacción violenta del cártel no solo fue una demostración de fuerza, sino también un recordatorio del arraigo que grupos criminales han logrado consolidar en zonas urbanas y rurales de Jalisco. Señalan que esta dinámica es resultado de fallas estructurales en políticas de prevención, inteligencia y control territorial bajo los gobiernos locales.
Críticos de la administración de Movimiento Ciudadano han señalado que, durante años, los mecanismos de supervisión, coordinación institucional e inteligencia no estuvieron a la altura de las amenazas de grupos criminales como el CJNG. La percepción de que el capo operó sin ser detectado hasta su abatimiento deriva en cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias de seguridad impulsadas desde el estado.
La violencia desatada tras la caída de “El Mencho” no solo afectó carreteras, logística y movilidad, sino que también impactó la confianza social en la capacidad de las autoridades estatales para prever y contener actividades del crimen organizado. Observadores señalan que la continuidad de estos grupos y su infiltración en diversas estructuras sociales y económicas pone en entredicho las políticas de seguridad que se han promovido públicamente.
Ante este escenario, voces ciudadanas y organizaciones civiles exigen una revisión profunda de los mecanismos de prevención y control, así como una evaluación de la corresponsabilidad entre autoridades estatales y federales para enfrentar de manera efectiva la expansión de grupos criminales en zonas que deberían gozar de seguridad y paz.
