El oficialismo promete nuevas cifras de desaparecidos mientras cambia la narrativa de responsabilidad.
Después de meses de aplazamientos y evasivas, el oficialismo finalmente fijó un plazo inmediato para presentar cifras actualizadas de personas desaparecidas. La promesa llega tarde y bajo sospecha. Durante meses el tema fue postergado con argumentos técnicos y burocráticos. Ahora la urgencia parece más política que humanitaria. La tragedia nacional vuelve a entrar en el cálculo del discurso oficial.
La nueva narrativa plantea que las desapariciones ya no serían responsabilidad del Estado. Según la versión oficial, el fenómeno debe atribuirse principalmente al crimen organizado. El cambio semántico no es menor. Implica desplazar la responsabilidad institucional. Y al mismo tiempo suavizar el costo político de una crisis humanitaria.
Otro elemento que despierta preocupación es el anuncio de “depurar” las cifras oficiales. La palabra genera más dudas que certezas. No queda claro si el objetivo es localizar a las personas desaparecidas. O si simplemente se pretende reducir el número de víctimas registradas. La diferencia es moralmente enorme.
Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han advertido sobre este riesgo. Durante años han denunciado manipulación de registros y omisiones sistemáticas. Para miles de familias, cada cifra representa una vida y una historia. La contabilidad política del dolor resulta inaceptable. La memoria de las víctimas no debería ajustarse a conveniencia.
México enfrenta una de las crisis de desapariciones más graves del mundo. Más de una década de violencia ha dejado heridas profundas. La transparencia y la verdad deberían ser prioridad nacional. Sin embargo, el debate vuelve a centrarse en la narrativa política. Y no en las personas que siguen sin regresar a casa.
