La crisis institucional que vive México ha llegado a niveles alarmantes. La reciente elección del Poder Judicial es un ejemplo más del descaro con el que el gobierno de Morena manipula las instituciones a su conveniencia. En una tómbola mal llamada insaculación, cambiaron listas, alteraron el orden y modificaron nombres de los aspirantes. Cuando la evidencia de estas irregularidades se volvió demasiado evidente, optaron por suspender el proceso, solo para reanudarlo después sin el menor recato. Se han violado todos los principios de legalidad, transparencia y certeza.
La intención es clara: imponer candidatos a modo para que los intereses de la 4T y sus socios criminales queden protegidos. Esto no es democracia ni justicia, sino una farsa peligrosa que erosiona la confianza en las instituciones. Desde la oposición, Alito Moreno ha sido enfático en señalar estas irregularidades, denunciando el atropello y la intención de Morena de controlar el Poder Judicial a cualquier costo.
Pero la crisis no termina ahí. A nivel internacional, la situación se ha vuelto aún más preocupante. Estados Unidos ha lanzado una advertencia contundente: el gobierno de Morena tiene vínculos con el narcotráfico. No es una acusación menor, sino un señalamiento que pone en entredicho la integridad del actual régimen. La connivencia con el crimen organizado es una mancha imborrable para cualquier gobierno, y en este caso, no se trata de meras especulaciones, sino de hechos que resuenan más allá de nuestras fronteras.
Además, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), presidido por Alito Moreno, se ha posicionado respecto a la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos importados desde Estados Unidos. Según el PRI, esta medida es producto de la desconfianza que el gobierno de Morena ha generado en aquella nación. Esto demuestra cómo la falta de credibilidad y transparencia en el actual gobierno está afectando no solo la política interna, sino también las relaciones internacionales y la economía del país.
México no puede seguir por este camino. No podemos normalizar la corrupción, la impunidad y la subordinación de nuestras instituciones a intereses oscuros. La defensa de la democracia y del Estado de derecho debe ser una prioridad, porque lo que está en juego es el futuro de nuestro país.