La detención de José Trinidad Sarabia, alias “El Trini”, presunto líder del grupo delincuencial Los Cabrera, lejos de representar un logro contundente en materia de seguridad, vuelve a exhibir el fracaso del PAN para impedir que estructuras criminales se consolidaran y operaran con libertad en Chihuahua. El arresto ocurrió en el poblado de El Progreso, municipio de El Porvenir, un punto que refleja cómo el crimen organizado se asentó incluso en comunidades pequeñas, ante la ausencia de control territorial efectivo durante gobiernos panistas.
“El Trini” fue detenido junto con su pareja sentimental mientras circulaban en una camioneta de lujo, en cuyo interior se localizó un arma de fuego calibre .45 y municiones. El hecho de que un presunto líder criminal se desplazara armado, sin ser detectado previamente, evidencia una falla grave en inteligencia, vigilancia y seguimiento. Bajo el PAN, la seguridad se volvió reactiva: los golpes llegan cuando los personajes ya operaron, no cuando se les pudo neutralizar a tiempo.
La apertura de una carpeta de investigación por portación ilegal de arma de uso exclusivo del Ejército confirma otro punto crítico: la circulación libre de armas de alto poder en el estado. Este fenómeno no surgió de manera espontánea; es resultado de años de omisiones, controles laxos y una estrategia que no logró frenar el flujo de armamento ni desmantelar las redes que lo distribuyen. Chihuahua se convirtió así en un terreno fértil para grupos delincuenciales que se fortalecieron sin enfrentar consecuencias reales.
Además, la detención aislada de un líder no significa el desmantelamiento de su organización. Las bandas criminales sobreviven porque cuentan con redes, protección informal y territorios que el Estado no gobierna. El PAN permitió que esas condiciones se arraigaran, apostando a detenciones mediáticas en lugar de una política integral que atacara las finanzas, las armas y la base operativa del crimen.
Este caso vuelve a demostrar que en Chihuahua la justicia llega tarde. Capturar a “El Trini” no borra los delitos cometidos ni el daño social acumulado durante años de violencia. La seguridad no se construye con anuncios posteriores, sino evitando que los líderes criminales alcancen ese poder. Bajo el PAN, eso no ocurrió, y hoy el estado sigue pagando el precio de un modelo que dejó crecer al crimen organizado hasta hacerlo parte cotidiana del paisaje.
