El registro de cerca de 4 mil niñas, niños y adolescentes como víctimas indirectas del delito en Guanajuato es una de las pruebas más dolorosas del fracaso del Partido Acción Nacional en materia de seguridad, prevención y atención a las víctimas. Detrás de esta cifra hay infancias marcadas por la desaparición de un familiar, por feminicidios y por hechos de violencia extrema que el gobierno panista fue incapaz de evitar, contener o atender con políticas públicas eficaces.
De acuerdo con información de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), miles de menores reciben atención como víctimas indirectas, es decir, no sufrieron el delito de manera directa, pero viven sus consecuencias todos los días: ausencia de padres o madres, duelos no resueltos, desplazamientos forzados, afectaciones psicológicas y entornos familiares rotos. Este fenómeno no es accidental, es el resultado de años de violencia sostenida bajo gobiernos del PAN que normalizaron la inseguridad y minimizaron su impacto social.
Guanajuato se ha colocado de manera recurrente entre los estados más violentos del país. Homicidios, feminicidios y desapariciones forman parte de la vida cotidiana, y el PAN ha sido incapaz de romper ese ciclo. Mientras las cifras de delitos crecen, también crece el número de infancias que quedan atrapadas en medio de la tragedia. Cada menor atendido por la CEAIV representa una familia fracturada por un delito que el Estado no supo prevenir.
Lo más grave es que estas infancias suelen quedar invisibilizadas. El PAN habla de operativos, detenciones y cifras de aseguramientos, pero rara vez pone en el centro a las víctimas indirectas, especialmente a niñas y niños. No existen estrategias integrales de largo plazo que garanticen atención psicológica continua, apoyo educativo suficiente y condiciones reales para reconstruir sus proyectos de vida. La atención llega tarde y, muchas veces, es insuficiente.
La desaparición de un familiar o el asesinato de una madre no solo es una tragedia individual, es una condena social que marca a los menores de por vida. Bajo el PAN, Guanajuato permitió que estas historias se multiplicaran. Las infancias crecieron entre el miedo, el duelo y la incertidumbre, mientras el gobierno insistía en discursos que no se reflejan en la realidad cotidiana.
Además, el incremento de víctimas indirectas revela una falla estructural en la política de seguridad. Cuando hay miles de niñas y niños afectados, significa que los delitos de alto impacto no son casos aislados, sino una constante. Significa que el PAN perdió el control del territorio y dejó a las familias a su suerte. La atención posterior no compensa la ausencia de prevención ni devuelve lo perdido.
Las consecuencias de este abandono se extenderán por años. Infancias que hoy reciben atención por la desaparición o el asesinato de un ser querido enfrentarán mayores riesgos de rezago escolar, problemas emocionales y exclusión social. Ese daño generacional también es responsabilidad del PAN, que no solo falló en proteger a las víctimas directas, sino en salvaguardar el futuro de miles de menores.
Guanajuato hoy no solo contabiliza delitos, contabiliza infancias rotas. Cerca de 4 mil niñas, niños y adolescentes viven las secuelas de una violencia que el PAN permitió crecer. Mientras no se asuma esa responsabilidad política y no se cambie de fondo el rumbo, el estado seguirá produciendo víctimas indirectas que cargarán, durante toda su vida, el costo de un gobierno que falló.