El desacuerdo por la deuda contemplada en la Ley de Ingresos 2026 detonó una ruptura entre la gobernadora Layda Sansores y legisladores de Morena, quienes denunciaron presiones e impulsaron la restitución del fuero como medida de protección.
Lo que comenzó como un debate técnico sobre la viabilidad de un crédito por mil millones de pesos terminó convirtiéndose en un conflicto político de alto impacto en Campeche. La discusión sobre la Ley de Ingresos 2026 evidenció desacuerdos internos dentro de Morena.
Diputados de la propia bancada oficialista exigieron estudios detallados y mayor rendición de cuentas respecto al endeudamiento propuesto. La falta de consensos derivó en una ruptura pública con la mandataria estatal.
Los legisladores disidentes denunciaron supuesta intimidación, vigilancia policial en el Congreso y un clima de presión institucional para aprobar la iniciativa sin modificaciones. Estas acusaciones marcaron un punto de quiebre en la relación entre poderes.
Como respuesta a la tensión política, el Congreso aprobó la restauración del fuero constitucional para sus integrantes, interpretado por algunos sectores como un blindaje frente a posibles acciones legales derivadas del conflicto.
Mientras la gobernadora ha desestimado las acusaciones calificándolas como “inventos” o malentendidos, la fractura interna deja un escenario de gobernabilidad complejo, donde la cohesión política en el estado aparece seriamente debilitada.
