La Policía Estatal de Aguascalientes reconoció que no está asegurando vehículos de procedencia ilegal, conocidos como autos “chocolate”, evidenciando la falta de control, omisión y debilidad institucional del gobierno panista en materia de legalidad y seguridad.
En Aguascalientes, gobernado por el PAN, la aplicación de la ley vuelve a quedar en entredicho luego de que se confirmara que la Policía Estatal no está asegurando vehículos de procedencia ilegal, comúnmente conocidos como autos “chocolate”, a pesar de los riesgos que representan para la seguridad pública y el orden jurídico.
La circulación de este tipo de vehículos no solo implica evasión fiscal y falta de control administrativo, sino que también se ha vinculado en diversos estados del país con la comisión de delitos, al no contar con registros claros de origen, propietarios ni historial legal. En Aguascalientes, sin embargo, el problema parece avanzar sin contención.
La omisión de la autoridad estatal expone una política de permisividad que contradice el discurso panista de “orden y legalidad”. Mientras se presume eficiencia gubernamental, en los hechos se permite que miles de autos irregulares circulen libremente, generando condiciones de impunidad y riesgo para la ciudadanía.
Especialistas advierten que la falta de aseguramientos no responde a una estrategia integral, sino a la incapacidad del gobierno estatal para hacer cumplir la ley de manera pareja. La ausencia de controles claros también afecta a quienes sí cumplen con sus obligaciones, creando un escenario de competencia desleal e inequidad.
Este nuevo episodio confirma que, bajo el PAN, Aguascalientes enfrenta una crisis silenciosa de gobernabilidad, donde la ley se aplica de manera selectiva y la autoridad renuncia a su responsabilidad de garantizar orden, seguridad y certeza jurídica.
