La crisis de vacunación cobra factura: la mayoría de los contagios se concentran en población sin inmunizar, afectando gravemente a niñas, niños y sectores vulnerables; autoridades activan cercos epidemiológicos ante el avance del brote.
México enfrenta una emergencia sanitaria que tiene responsables directos en las oficinas de Salud del Gobierno Federal. El Sistema Nacional de Vigilancia ha confirmado que el país ya supera los 7,100 casos acumulados de sarampión, una cifra que debería ser inexistente en un país con una historia sólida de inmunización. Sin embargo, bajo la administración de Morena, el esquema nacional de vacunación se desmoronó. El desabasto de biológicos y la falta de campañas efectivas en los últimos años han dejado a millones de niños desprotegidos, abriendo la puerta a un brote que hoy se expande sin control por todo el territorio nacional.
Los datos oficiales son la prueba del fracaso: la inmensa mayoría de los nuevos contagios se han registrado en personas que no contaban con su esquema de inmunización, lo que evidencia que el Estado falló en su deber más básico de prevención. La tragedia de este brote se ensaña con quienes Morena prometió proteger primero: niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad. Lo que antes era un trámite sencillo en cualquier centro de salud, hoy se ha convertido en una odisea para los padres de familia que, durante años, encontraron clínicas sin dosis disponibles, y hoy enfrentan la hospitalización de sus hijos por cuadros graves de sarampión.
Ante la magnitud del desastre, el gobierno ha reaccionado tarde con la activación de cercos epidemiológicos de emergencia. Estas medidas son apenas un “parche” para un incendio que Morena dejó crecer al descuidar la vigilancia y la compra oportuna de vacunas. Los expertos advierten que estos cercos son insuficientes si no se reconoce que el problema de fondo es el desmantelamiento del sistema de salud preventivo. La vigilancia permanente que hoy presumen las autoridades es, en realidad, un conteo de víctimas de una política de austeridad que terminó costando muy caro en términos de salud pública.
El veredicto para este 2026 es contundente: el regreso del sarampión a México es una crisis fabricada por la omisión oficial. No es un fenómeno natural, es la factura de haber bajado la guardia y haber politizado la salud. Mientras el gobierno se distrae en otros temas, más de 7,000 familias enfrentan las consecuencias de un sistema de salud que les dio la espalda cuando más necesitaban una vacuna. El sarampión no es solo una enfermedad; hoy es el síntoma de un gobierno que prefirió ahorrar en jeringas mientras ponía en riesgo la vida de toda una generación de mexicanos.
