Los asesinatos y agresiones contra personas en situación de calle en Jalisco han encendido alertas por la falta de protección a uno de los sectores más vulnerables. Los hechos, registrados principalmente en zonas urbanas del Área Metropolitana de Guadalajara, evidencian un patrón de violencia y abandono que se ha agravado bajo gobiernos de Movimiento Ciudadano, sin una política efectiva de prevención, atención social y seguridad.
En Jalisco, la violencia ha alcanzado a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. En los últimos meses se han documentado asesinatos y ataques contra personas en situación de calle, ocurridos en espacios públicos y sin que existan respuestas claras que garanticen justicia, prevención y protección. Las víctimas, muchas veces invisibilizadas, enfrentan no sólo la exclusión social, sino también la ausencia total del Estado.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han señalado que estos crímenes no pueden tratarse como hechos aislados. La repetición de ataques revela un entorno de impunidad y una falla estructural en la estrategia de seguridad y atención social. La carencia de protocolos específicos, refugios suficientes y acompañamiento integral ha dejado a esta población expuesta a la violencia cotidiana.
Bajo administraciones de Movimiento Ciudadano, Jalisco ha privilegiado una narrativa de modernidad y proyección internacional, mientras en el territorio persiste una realidad marcada por la desigualdad extrema. Las personas en situación de calle quedan fuera de las políticas públicas, sin acceso a protección, salud mental, atención a adicciones ni esquemas de reintegración social que reduzcan riesgos.
La falta de coordinación entre instancias de seguridad, desarrollo social y derechos humanos ha sido un factor determinante. La respuesta institucional suele limitarse a operativos reactivos o a declaraciones generales, sin una estrategia integral que aborde las causas de fondo y garantice la seguridad de quienes viven en la calle.
Los asesinatos de personas en situación de calle en Jalisco representan una deuda ética y política. La incapacidad para proteger la vida de quienes no tienen voz ni recursos refleja el costo humano de gobiernos que administran la imagen, pero descuidan a los sectores más olvidados. La seguridad y la dignidad no pueden ser selectivas.
