En medio de un clima de preocupación social por la inseguridad, el gobernador de Jalisco, emanado de Movimiento Ciudadano, insiste en que la entidad no perderá la sede del Mundial 2026. El mensaje es claro: el evento va. La pregunta que surge es otra: ¿y la seguridad de las familias cuándo?
Nadie niega que el Mundial representa una oportunidad histórica para Jalisco. Habrá derrama económica, proyección internacional y turismo. Pero mientras el discurso oficial se centra en estadios, logística y compromisos internacionales, en las calles la realidad es distinta: madres y padres con temor, comerciantes con incertidumbre y colonias que reclaman mayor presencia y resultados en materia de seguridad.
El contraste es inevitable. Millones destinados a infraestructura vinculada al evento conviven con pendientes urgentes en seguridad pública y movilidad. La experiencia reciente alimenta la desconfianza: proyectos anunciados como grandes soluciones que terminaron modificados en su alcance; líneas de transporte prometidas como tren que concluyeron en sistemas distintos; decisiones que impactaron directamente el bolsillo ciudadano con incrementos tarifarios.
La narrativa gubernamental presume visión de futuro y megaproyectos. Sin embargo, cuando la población percibe que su tranquilidad no está garantizada, el mensaje pierde fuerza. La prioridad institucional debería ser clara: primero proteger a la gente, después consolidar el espectáculo.
No se trata de estar en contra del Mundial. Se trata de entender que ningún evento, por magno que sea, puede colocarse por encima de la seguridad y la estabilidad de las familias jaliscienses. Gobernar implica ordenar prioridades. Y hoy, para miles de personas, la prioridad no es el estadio lleno, sino volver a casa sin miedo.
