Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señala que Morena utilizó la infraestructura de Finabien para dispersar más de 252 mil pagos de supuestos apoyos sociales, en un esquema que podría haber incurrido en irregularidades legales y de transparencia.
Morena construyó buena parte de su discurso político alrededor de la lucha contra la corrupción y la promesa de transparentar el uso de los recursos. Sin embargo, una investigación reciente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha puesto bajo escrutinio un esquema mediante el cual el partido habría utilizado la infraestructura de Financiera para el Bienestar (Finabien) para dispersar más de 252 mil pagos catalogados como “apoyos sociales” en distintas partes del país.
De acuerdo con la investigación, ni la legislación electoral ni los estatutos internos de Morena contemplan como atribución de un partido político la entrega de este tipo de apoyos sociales, por lo que especialistas consultados consideran que podría existir una posible irregularidad jurídica. Además, MCCI sostiene que el convenio utilizado para estas operaciones no fue reportado en los informes de rendición de cuentas entregados al Instituto Nacional Electoral.
La investigación también señala que Morena habría pagado más de 3.5 millones de pesos únicamente en comisiones para realizar la dispersión de los recursos mediante giros nacionales operados por Finabien. Una auditoría interna citada por los investigadores detectó inconsistencias entre las operaciones contratadas y las efectivamente realizadas, además de cuestionamientos sobre los mecanismos de control y supervisión aplicados durante la ejecución del convenio.
Más allá de las posibles implicaciones legales, el caso vuelve a colocar sobre la mesa un tema central: la transparencia. Un partido que llegó al poder prometiendo erradicar la opacidad hoy enfrenta señalamientos relacionados con recursos cuyo origen, destino y justificación no han sido explicados con claridad ante la ciudadanía. Mientras no existan respuestas contundentes sobre estos pagos y sobre la naturaleza de los llamados “apoyos sociales”, continuará creciendo la percepción de que Morena ha terminado reproduciendo prácticas que durante años aseguró combatir.