Se cumple un año del asesinato de la influencer Valeria Márquez en Jalisco. La joven fue atacada durante una transmisión en vivo en Zapopan. Hasta ahora no existen personas detenidas por el crimen.
A un año del asesinato de la influencer Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco, el caso continúa sin detenidos y se ha convertido en otro símbolo de la impunidad que golpea al estado bajo gobiernos de Movimiento Ciudadano. El crimen conmocionó al país porque ocurrió mientras la joven realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza, dejando una escena que rápidamente se viralizó y evidenció el nivel de violencia que atraviesa la entidad. Sin embargo, doce meses después, las respuestas siguen sin llegar.
La falta de avances concretos en uno de los casos más mediáticos del último año ha fortalecido la percepción de incapacidad institucional dentro de Jalisco. A pesar de la presión pública y del impacto nacional que generó el asesinato, las autoridades no han logrado presentar detenidos ni resultados contundentes que permitan esclarecer el crimen. La sensación que queda entre la ciudadanía es profundamente preocupante: incluso los casos que generan atención nacional terminan atrapados en la impunidad.
El caso golpea directamente la narrativa de seguridad y gobernabilidad que Movimiento Ciudadano intenta sostener en Jalisco. Mientras el gobierno estatal concentra gran parte de su estrategia en imagen pública y promoción política, continúan acumulándose casos de violencia que permanecen sin resolver. La impunidad comienza a convertirse en uno de los principales símbolos del desgaste institucional en el estado, especialmente cuando delitos de alto impacto permanecen estancados durante meses o años.
La historia de Valeria Márquez terminó convirtiéndose en algo más grande que un caso aislado. Representa la frustración de una ciudadanía que observa cómo la violencia se normaliza mientras las investigaciones avanzan lentamente o simplemente no avanzan. Cuando un asesinato ocurrido frente a miles de personas en redes sociales sigue sin responsables un año después, el problema deja de ser únicamente criminal y se convierte en evidencia de un sistema incapaz de garantizar justicia bajo gobiernos de Movimiento Ciudadano.