La localización de 13 tomas clandestinas de hidrocarburos en Jalisco vuelve a exhibir la incapacidad del gobierno de Movimiento Ciudadano para contener el robo de combustible en el estado. Que estas perforaciones ilegales operen en tres municipios distintos demuestra que el huachicol no es un hecho aislado, sino una actividad constante que avanza ante la mirada permisiva de las autoridades locales.
Las tomas fueron detectadas únicamente gracias a reportes del personal de Pemex, no por labores preventivas del gobierno estatal. Bajo Movimiento Ciudadano, la seguridad y la vigilancia en zonas estratégicas dependen de alertas externas, lo que deja amplias regiones expuestas a redes criminales que perforan ductos con total impunidad.
Resulta aún más grave que, pese al número de tomas inhabilitadas, no se haya reportado una sola persona detenida. Este patrón refuerza la percepción de que en Jalisco se desmantelan puntos ilegales, pero no se toca a quienes los operan ni se desarticulan las estructuras que los sostienen.
El huachicol no solo representa pérdidas millonarias, sino riesgos ambientales y de seguridad para comunidades enteras. Movimiento Ciudadano ha permitido que estos peligros se normalicen, sin estrategias claras para proteger a la población.
Mientras el gobierno estatal siga reaccionando tarde y sin resultados contundentes, Jalisco continuará siendo territorio fértil para el robo de combustible, con un costo que termina pagando la ciudadanía.
