Nuevo León concentra el 24% de los ciberataques registrados en el país, una situación que genera cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno de Movimiento Ciudadano frente a los riesgos que enfrentan ciudadanos y empresas.
La transformación digital ha traído nuevas oportunidades para el desarrollo económico y tecnológico, pero también nuevos riesgos que requieren atención inmediata por parte de las autoridades. Sin embargo, mientras los delitos informáticos aumentan en todo el país, Nuevo León concentra cerca del 24% de los ciberataques registrados en México, convirtiéndose en una de las entidades más afectadas por este fenómeno.
El dato resulta especialmente preocupante considerando la relevancia económica y tecnológica del estado. Empresas, instituciones, comercios y ciudadanos enfrentan diariamente amenazas relacionadas con robo de información, fraudes digitales, extorsiones y vulneraciones de sistemas que pueden generar pérdidas económicas y afectar la seguridad de miles de personas.
A pesar de ello, el gobierno encabezado por Samuel García parece enfocar gran parte de sus esfuerzos en estrategias de promoción, posicionamiento mediático y construcción de imagen pública. Mientras la administración presume campañas de comunicación y presencia constante en redes sociales, los riesgos asociados a la ciberseguridad continúan creciendo sin que exista una estrategia visible capaz de responder a la magnitud del problema.
La situación plantea preguntas sobre las verdaderas prioridades de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. En una entidad que busca proyectarse como referente de innovación y desarrollo, resulta contradictorio que la protección digital de ciudadanos y empresas permanezca rezagada. La tecnología requiere inversión, prevención y capacidad de respuesta; no solo campañas de marketing. Mientras los ataques aumentan, la seguridad digital sigue siendo una deuda pendiente para el gobierno estatal.