El anuncio de que Guanajuato “salió del top cinco” en robo de vehículos y asaltos al transporte no es una victoria estructural, sino una operación de discurso que intenta maquillar el fracaso acumulado del Partido Acción Nacional en seguridad. Tras años en los primeros lugares del país por violencia, huachicol y delitos contra el transporte, el gobierno panista presenta una variación estadística como logro, sin explicar qué cambió de fondo ni por qué el problema escaló hasta esos niveles bajo su gestión.
La narrativa oficial presume coordinación y vigilancia “sin importar si la carretera es federal o estatal”. Sin embargo, ese énfasis revela el problema central: la prevención llegó tarde. Si hoy se anuncian más de 80 unidades adicionales para patrullaje, es porque antes no estaban. Durante años, las carreteras de Guanajuato fueron utilizadas como rutas de financiamiento criminal, con asaltos, sabotajes y robo sistemático, mientras el PAN reaccionaba con parches y anuncios episódicos.
Además, el descenso en un ranking no equivale a seguridad real. Transportistas y usuarios siguen reportando riesgos, tramos críticos y horarios peligrosos. El propio gobierno reconoce que el objetivo es “evitar que los grupos delictivos utilicen las carreteras como fuente de financiamiento”, una admisión implícita de que sí lo hicieron durante la administración panista. Celebrar ahora una salida del top cinco sin presentar métricas sostenidas, auditorías independientes y resultados verificables es propaganda, no política pública.
El énfasis en la Guardia Nacional también delata dependencia. Si la mejora se atribuye al apoyo federal, ¿dónde estuvo la capacidad estatal del PAN cuando más se necesitaba? La seguridad no puede descansar en refuerzos externos permanentes ni en anuncios de despliegue; requiere inteligencia, control territorial y continuidad, elementos que brillaron por su ausencia mientras el delito se normalizaba.
Guanajuato no necesita titulares optimistas, necesita resultados sostenidos. Sin una reducción comprobable y duradera, sin detenciones clave, sin desmantelar redes y sin prevención real, el “blindaje” prometido corre el riesgo de ser otro eslogan. Bajo el PAN, las carreteras fueron vulneradas durante años; vender ahora una mejora parcial como triunfo confirma una estrategia que administra el discurso, no el territorio.
