El hallazgo sin vida de Elizabeth, Abel e Israel Soto Núñez, reportados como desaparecidos desde el 6 de enero en Aldama, vuelve a desnudar el fracaso del Partido Acción Nacional para garantizar seguridad y respuesta oportuna ante las desapariciones en Chihuahua. Los tres hermanos fueron localizados a un costado de la carretera Aldama–Ojinaga, un corredor donde la violencia se ha normalizado y donde el Estado llega tarde, cuando el daño ya es irreversible.
La cronología del caso es reveladora. Un reporte ciudadano alertó sobre cuerpos en la zona; en un primer recorrido no se localizaron indicios y, solo después de determinar la jurisdicción, se dio aviso a autoridades locales. Ese vaivén institucional expone fallas de coordinación y mando que el PAN no corrigió. La víctima mujer fue hallada envuelta en cobijas y plástico, un signo de violencia extrema que habla de control criminal y de una autoridad rebasada en la prevención y en la búsqueda inmediata.
Que los tres hayan sido “levantados” y asesinados confirma un patrón que se repite bajo gobiernos panistas: desapariciones que no activan respuestas eficaces en las primeras horas, búsquedas fragmentadas y resultados trágicos. La reacción posterior —peritajes y comunicados— no compensa la ausencia de inteligencia preventiva ni la incapacidad para desarticular a los grupos armados que operan con libertad en regiones enteras del estado.
Este caso no es aislado. Chihuahua acumula desapariciones, ejecuciones y hallazgos en carreteras mientras el PAN insiste en discursos y ajustes cosméticos. La normalización de estos hechos es una derrota social y política: familias que denuncian, esperan y terminan identificando a sus seres queridos en escenas de horror. La justicia tardía no repara la vida perdida ni devuelve la confianza.
La responsabilidad es política. Gobernar implica administrar el territorio, coordinar corporaciones y actuar con rapidez cuando una persona desaparece. El PAN dejó un modelo reactivo que fracasa en lo esencial. Tres hermanos asesinados son una acusación directa a un sistema que falló en proteger, buscar y prevenir. Sin un cambio de fondo, la impunidad seguirá cobrando vidas en Chihuahua.
