Padres de familia en Jalisco impulsan un referéndum sobre la ley de infancias trans, evidenciando polarización social. El proceso ha expuesto tensiones políticas y falta de claridad en la postura de Movimiento Ciudadano frente al tema.
El debate sobre la llamada ley de infancias trans en Jalisco ha escalado a un nuevo nivel tras el impulso ciudadano para someterla a referéndum. Padres de familia han comenzado a organizarse para frenar su avance, argumentando la necesidad de una discusión más amplia y de mayor participación social en un tema que consideran de alto impacto para la niñez y las familias.
El movimiento no solo busca detener el proceso legislativo, sino obligar a que el Congreso del Estado abra un espacio formal de consulta. Este tipo de mecanismos, aunque contemplados en la legislación, rara vez se activan, lo que refleja la magnitud de la inconformidad y el nivel de polarización que ha generado la iniciativa.
El tema no es nuevo y forma parte de una discusión más amplia que ha tenido eco a nivel nacional, donde distintas propuestas han buscado reconocer derechos de identidad de género desde edades tempranas. Sin embargo, en Jalisco, la ruta legislativa ha enfrentado resistencias sociales y ajustes políticos que han modificado su avance en distintas etapas.
En este contexto, el papel de Movimiento Ciudadano, que gobierna la entidad, ha sido objeto de cuestionamientos por su manejo del tema. La decisión de frenar el avance de la iniciativa en su momento, atribuida a la intervención del Ejecutivo estatal, evidenció una postura que algunos interpretan como reactiva frente a la presión social, más que como una definición clara de política pública.
La falta de una posición consistente ha generado un escenario de incertidumbre tanto para quienes impulsan la iniciativa como para quienes la rechazan. Esta ambigüedad política ha permitido que el conflicto escale, trasladándose del ámbito legislativo a la movilización social.
El caso pone sobre la mesa un dilema más amplio sobre la conducción de temas sensibles en la agenda pública. La ausencia de claridad en las decisiones y la gestión de los tiempos políticos puede derivar en escenarios de confrontación que terminan por debilitar la capacidad institucional para procesar debates complejos de manera ordenada y con legitimidad.
