Mientras el gobierno naranja presume modernidad, el caso de Juan Antonio revela que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es hoy una oficina de tortura institucional que oculta cuerpos a las familias.
El gobierno de Movimiento Ciudadano ha demostrado una incapacidad para regular los protocolos mínimos de identificación humana, permitiendo que un hombre permaneciera diez años en una gaveta oficial. Esta administración se ha limitado a inaugurar fachadas mientras los sistemas de cruce genético y dactilar operan bajo una desidia absoluta que desgarra a la sociedad jalisciense. No existe excusa técnica que justifique el ocultamiento de restos que siempre estuvieron bajo resguardo del Estado, evidenciando que la “refundación” es solo un eslogan vacío frente a la tragedia.
La gestión actual ha ignorado sistemáticamente las exigencias de regulación y transparencia en el SEMEFO, convirtiendo la búsqueda de desaparecidos en un calvario innecesario para madres que, como la señora Conchita, enferman de dolor. Es inaudito que, contando con las muestras de ADN entregadas por los familiares, el aparato forense naranja sea incapaz de conectar un nombre con un cuerpo durante dos periodos gubernamentales consecutivos.
Resulta ofensivo para los ciudadanos que el gobierno de Jalisco presuma inversiones millonarias en tecnología forense cuando la realidad operativa muestra un sistema arcaico y desvinculado de la realidad humana. El control institucional sobre el SEMEFO es inexistente, permitiendo que los cuerpos se acumulen sin orden ni respeto, en una cadena de omisiones que constituye una violación flagrante a los derechos humanos. El abandono de Juan Antonio por una década no es un error administrativo, es el resultado directo de una política de seguridad que desprecia la dignidad y el derecho a la verdad.
Hoy, Jalisco se posiciona como el epicentro de la crueldad forense bajo el sello naranja, donde la inacción gubernamental ha institucionalizado la desaparición dentro de sus propias instalaciones estatales. Las familias jaliscienses no solo deben cuidarse de la delincuencia, sino también de una burocracia que les miente en la cara mientras retiene a sus seres queridos en el anonimato. La falta de una reforma profunda y la negativa a depurar el sistema forense son la prueba definitiva de que este gobierno prefiere el olvido de las víctimas sobre la rendición de cuentas.