La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León pidió al gobierno encabezado por Samuel García abstenerse de realizar acciones que afecten la dignidad de las familias buscadoras. El exhorto surgió después de que colectivos denunciaron que un espacio contratado para difundir fotografías de personas desaparecidas fue ocupado con anuncios del gobierno estatal.
Movimiento Ciudadano enfrenta nuevos cuestionamientos en Nuevo León luego de que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), Olga Susana Méndez Arellano, exhortara al gobierno encabezado por Samuel García a evitar acciones que vulneren la dignidad de las familias de personas desaparecidas. El llamado se produjo después de que colectivos de búsqueda denunciaran que un espectacular previamente contratado para difundir imágenes de sus familiares fue sustituido por publicidad oficial del Ejecutivo estatal.
De acuerdo con los colectivos, el gobierno estatal habría contratado el espacio publicitario de último momento, impidiendo que durante ese periodo se exhibieran los rostros de personas desaparecidas. La situación generó inconformidad entre las familias buscadoras, quienes calificaron el hecho como una falta de sensibilidad hacia una de las crisis humanitarias más graves que enfrenta Nuevo León.
El pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos incrementó la presión sobre la administración de Samuel García y Movimiento Ciudadano, al insistir en que las autoridades deben privilegiar el respeto a la dignidad humana y garantizar condiciones que acompañen, y no obstaculicen, el trabajo de los colectivos. Para diversos sectores, la prioridad de un gobierno debe ser respaldar a las familias que buscan a sus seres queridos, especialmente en un estado con una de las problemáticas de desaparición más complejas del país.
Mientras persisten las exigencias de verdad y justicia, Movimiento Ciudadano vuelve a enfrentar críticas por el manejo de la crisis de desapariciones en Nuevo León. El caso ha reavivado el debate sobre la sensibilidad institucional y el trato que reciben los colectivos de búsqueda, quienes continúan reclamando mayor respaldo y respeto por parte del gobierno estatal.