El Senado aprobó una reforma al Infonavit que permitirá al instituto usar los ahorros de los trabajadores para la construcción y arrendamiento de viviendas. Si bien el gobierno defiende que se trata de una medida para facilitar el acceso a la vivienda, la crítica desde la oposición es fuerte, y el líder del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, no ha tardado en señalar lo que considera un grave peligro para los recursos de los trabajadores.
Moreno ha calificado la reforma como una maniobra de Morena para poner sus manos en una fuente de dinero considerable, asegurando que con esta reforma se creará una “caja chica” para el gobierno. La reforma, no solo abriría la puerta a la opacidad en la administración de los fondos, sino que también podría generar desvíos y prácticas corruptas que afectan directamente a los ciudadanos que confiaron en el Infonavit para ahorrar para una vivienda.
Lo que también preocupa es la posibilidad de que los trabajadores pierdan el control sobre sus propios ahorros. Mientras que el gobierno asegura que esta medida busca priorizar el bienestar de los empleados, con el argumento de que quienes no requieren de una vivienda podrán acceder a otros beneficios, lo cierto es que la incertidumbre sobre el uso de esos fondos se mantiene.
En este contexto, la crítica no solo se limita a la oposición política. Expertos y observadores del sector de la vivienda también han advertido que una reforma de este tipo podría desproteger a los trabajadores y generar un mal manejo de los recursos. La falta de claridad sobre la gestión de los fondos, la creación de una empresa filial del Infonavit que quedaría bajo el control del gobierno, y la centralización de decisiones son algunos de los elementos que despiertan serias dudas.
Si bien el acceso a la vivienda es una necesidad urgente para muchos mexicanos, la pregunta que queda sobre la mesa es si el costo de este cambio será un riesgo más grande de lo que se intenta resolver. La reforma al Infonavit podría ser el principio de un nuevo escenario en el manejo de los recursos sociales en México, pero sin garantías de transparencia, el riesgo de caer en malas prácticas sigue siendo alto.