Una marcha multitudinaria exige justicia por el asesinato de un adolescente y la salida inmediata del gobernador.
El asfalto de Culiacán se convirtió en el escenario de una indignación que ya no cabe en las redes sociales. Una marcha multitudinaria tomó las principales avenidas para exigir justicia por el brutal asesinato de un adolescente, un crimen que se ha transformado en el catalizador del hartazgo social contra una administración estatal que parece haber claudicado ante la violencia.
El grito de la ciudadanía fue unánime y contundente: la destitución inmediata de Rubén Rocha Moya. Para los manifestantes, el gobernador no solo ha fallado en su tarea primordial de brindar seguridad, sino que su permanencia en el cargo se percibe como un obstáculo para la pacificación de un Sinaloa que se desangra ante la indolencia oficial.
La tragedia del joven asesinado es vista por los sinaloenses como la gota que derramó el vaso de una gestión marcada por la opacidad y el miedo. La protesta no solo reclama castigo para los culpables materiales, sino que señala directamente la responsabilidad política de un mandatario que parece más preocupado por las cifras de sus informes que por los cuerpos en las calles.
El ambiente en la marcha fue de una tensión absoluta, reflejando una ruptura total entre la sociedad civil y el Palacio de Gobierno. Los ciudadanos han dejado claro que ya no aceptan condolencias de Twitter ni promesas de “investigaciones hasta las últimas consecuencias”; lo que exigen son resultados tangibles y una cabeza política que responda por el caos.
Sinaloa se encuentra hoy en un punto de no retorno donde la legitimidad de Rubén Rocha pende de un hilo. La manifestación en Culiacán es un mensaje de advertencia para el poder central: cuando el Estado falla en proteger a sus niños y adolescentes, pierde todo derecho a gobernar y la calle se convierte en el único tribunal válido.
